Ni pública ni valenciana

Ni pública ni valenciana
El gobierno de Alberto Fabra ha avanzado lo que acabará siendo, de hecho, la liquidación de la Radiotelevisión Valenciana.
Cae el telón y se acaba la función: es decir, la ficción.
La Generalitat ha anunciado una nueva ley audiovisual que constará de tres ejes básicos: la fusión de la radio y la televisión públicas en una sola empresa, la reducción drástica de la plantilla de Televisión Valenciana-que pasará de 1.800 empleados públicos a 600 - y la privatización de una parte de la programación.
Una empresa interesada cualquiera, pues, podrá alquilar la franja horaria que le sea más atractiva comercialmente, siempre que al menos el 20 por ciento de las horas cedidas y cobradas se haga en catalán y que haya una producción propia valenciana que cubra el mismo porcentaje.
En realidad, estas dos condiciones son una pantalla, porque se puede dejar para la producción autóctona y para la lengua del país la programación que se emita entre las tres y las cinco de la madrugada, por ejemplo.
El tarot valenciano. Radiotelevisión Valenciana ha sido un despropósito en aumento desde que el presidente Joan Lerma encargó el proyecto televisivo a Amadeu Fabregat y el juguete del político y del periodista comenzó a emitir un mes de septiembre de 1989.
Un despropósito que ahora no puede pagar nadie.
No es este el momento ni el lugar para hacer una crónica exhaustiva de todos los vaivenes y las sacudidas históricos y políticos que han llevado la radio pública valenciana a la categoría de grill prescindible y la televisión a la triste sombra en que se ha convertido, con un 5 por ciento de media de audiencia,
un presupuesto que en 2011 se acercó a los 200 millones de euros y una plantilla desbocada que no se justifica de ninguna manera si se consideran los magros resultados obtenidos.
El pecado de Radiotelevisión Valenciana es de origen. Y, en parte, es el mismo pecado que castiga la autonomía valenciana.
Los gobiernos presididos por Joan Lerma, Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra quisieron tener "su" televisión.
Imitando el modelo de vascos y-sobre todo-catalanes.
La denominada cláusula Camps no es un invento del presidente salvado judicialmente por pelos.
Es una manera de vivir la política y de entender el país.
Los dirigentes valencianos no quieren "ser menos", pero el problema es que detrás de la fachada aspiracionista no hay un proyecto nacional homologable.
Ni siquiera autonómico. Si la autonomía valenciana ha juntado los valencianos en un proyecto común, a menudo ha estado al margen de legisladores y políticos autóctonos.
A lo sumo, el país que quieren y han querido los sucesivos gobiernos valencianos es una unidad administrativa sin pretensiones ni complicaciones excesivas.
Los políticos valencianos mayoritarios-los que han gobernado las instituciones del país desde la Transición-no han querido vehicular y consolidar una realidad diferenciada a través de unas instituciones propias.
Han creado y han desplegado estas instituciones sin un proyecto político que las sustente.
No hay Generalitat Valenciana porque hay un país-construido o en construcción-detrás y que la justifique.
Hay Generalitat Valenciana para lucirla sin otra pretensión que aparentar ser más que el que más.

Esta miseria moral acompañó también la pretensión de crear unos medios de comunicación propios y valencianos.
No se buscaba, por ejemplo, estructurar un país que sufría una comunicación descuartizada estrictamente en realidades locales o provinciales.
Tampoco se intentaba paliar la dramática precariedad de la lengua catalana.
Joan Lerma y después los sucesivos presidentes del PP sólo buscaban una plataforma propagandística amable y dócil.
Un instrumento que cantara las glorias de su gestión.
Esta pretensión tan escasa explica, por ejemplo, que cuando Amadeu Fabregat-el primer director de Televisión Valenciana-constató que las películas tenían más audiencia en castellano que en catalán decidió dejar de doblarse a la lengua que en teoría justificaba la existencia del canal autonómico.
Siguiendo una lógica mezquina similar, cuando Eduardo Zaplana ganó las elecciones represaliar la mayoría de los periodistas de los informativos y los exiliaron a un segundo canal-este sí, en catalán-que no llegaba a ninguna parte y que debía ser un cementerio de discrepantes.

Los informativos de Televisión Valenciana han acabado creando una realidad ficticia, descaradamente sesgada, en la que no hay lugar para todo lo que pueda cuestionar las glorias gubernamentales.
El resto de la programación se ha movido entre la idiotez más anodina y la calcomanía discretamente autóctona de la programación de las televisiones privadas españolas.
Todo ello podría haber tenido un sentido si la jugada hubiera exitoso.
Si los índices de audiencia hubieran justificado la pretensión. No ha sido así.
Televisión Valenciana se ha convertido en un espejo roto, que no se mira casi nadie, cuando la realidad se ha hecho tan agria que aún le ha dejado más en evidencia.
Los profesionales que trabajan no tienen credibilidad, por mucho que de vez en cuando hayan criticado los despropósitos que debían acabar acatando.
Estos empleados públicos han encendido la protesta ahora que está en juego el propio puesto de trabajo.
Pero mucho antes habían perdido la honra profesional. Su protesta es el último canto de un cisne que nació focha.
Que lo dejen correr. No hay nada que hacer. En todo caso, el punto que más despierta la curiosidad morbosa de todo el episodio es saber qué empresa privada tendrá los santos narices de gestionar un cadáver en descomposición acelerada.